A través de X, antes Twitter, diversos usuarios han circulado información sobre presuntas irregularidades dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), involucrando a altos funcionarios en prácticas de corrupción y desvío de recursos públicos.
Este señalamiento surge en el contexto de una próxima reunión organizada por Zoé Robledo, director del IMSS, y Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, la cual se centrará en el combate a la corrupción. La información ha sido dirigida a Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, a modo de antecedente.
Entre los acusados se encuentra Javier Guerrero García, actual director de Operación y Evaluación del IMSS, señalado por empleados y colaboradores como responsable de liderar una estrategia de desvío de recursos con la ayuda de empresas factureras.
Según las acusaciones, Guerrero, en colaboración con Roberto Garza y Anabell Avendaño Salazar, habría inflado presupuestos para eventos del IMSS, como las Asambleas 110 y 111, y otros eventos regionales. Estos eventos, organizados supuestamente por Rafael Yun Yoshioka Castro, habrían permitido desviar más de 40 millones de pesos, todo esto sin contratos firmados que justifiquen los pagos.
Las prácticas señaladas se habrían repetido en diversas ocasiones, utilizando pretextos para inflar los presupuestos de eventos en hoteles de lujo en varias partes del país. Tan solo el año pasado, más de 100 millones de pesos fueron destinados a estos eventos sin ningún tipo de documentación que avale los gastos, según las denuncias. Empresas como Comercializadora y Distribuidora Terrani, Kitchen Space Solutions, y Soluciones Profesionales Spira, entre otras, habrían sido utilizadas para justificar los pagos sin cumplir con la prestación de servicios.
La red de complicidad, según los denunciantes, incluye a varios funcionarios del IMSS y de la Secretaría de la Función Pública, quienes habrían asegurado la continuidad de estas prácticas corruptas. Entre ellos, destacan nombres como Salim Arturo Orcí Magaña, Adrián Ríos Cantú, y Miguel Alvarado, este último señalado por haber sido promovido a una posición de coordinación administrativa sin tener la experiencia necesaria, para firmar y avalar los pagos irregulares.
Además, se menciona que parte de los recursos desviados han sido blanqueados a través de desarrollos inmobiliarios en Querétaro, supervisados por Miguel Alvarado. Se señala también que varios de los involucrados han adquirido propiedades de reciente adquisición, según registros del Registro Público de la Propiedad.
Este tipo de denuncias revelan prácticas que atentan gravemente contra el bienestar del IMSS, afectando directamente a la calidad de los servicios prestados y dañando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La reunión prevista en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y el foro anticorrupción encabezado por Buenrostro podrían ser oportunidades para que las autoridades respondan ante estos señalamientos y tomen medidas concretas.